Brasil: fortalecimiento estatal en el petróleo
El lunes 31 de agosto, Lula, el presidente de Brasil, anunció el envío al Congreso de una nueva legislación petrolera. Esta legislación era esperada desde hace tiempo, y había discusiones al respecto. Por un lado, entre los movimientos populares se demanda una nacionalización completa. Por otro, en los medios oficiales, se discutían alternativas que permitieran que los enormes recursos que se esperan del llamado pre-sal, quedaran en el sector público y al servicio del pueblo, en la mayor medida posible.
El problema se originó con la privatización de una parte de las acciones de Petrobras, cuando el auge de las privatizaciones en escala casi mundial. Sesenta y dos por ciento del total de las acciones están en manos de particulares, se supone que en su mayoría extranjeros. El Estado sigue siendo el responsable de Petrobras, tiene mayoría de las acciones con voto, también nombra a las autoridades de la entidad y controla el consejo de administración. Pero no es raro que Lula haya condenado públicamente, en diferentes momentos, esa venta de acciones. Los accionistas no aportan ni un miligramo al trabajo de la empresa pública. Hicieron una aportación económica una vez, al comprar las acciones, además en un momento en que estaban muy baratas, y luego simplemente cobran sus utilidades. Esto no tiene nada que ver con el desarrollo que ha tenido Petrobras en varios sentidos.
La situación de privilegios a empresas privadas se apoyaba en el pretexto de que el riesgo de la inversión era alto, no en el sentido de que pudiera haber accidentes o algo así, sino que la perforación pudiera no encontrar nada, o muy poco. De ahí, se consideraba justificado que cuando una empresa lograra un buen trabajo, tuviera una utilidad mayor. Sin embargo, a medida que se va conociendo mejor la riqueza de yacimientos a gran profundidad y abajo de una capa salina hasta de dos kilómetros de espesor, pre-sal, se fue llegando a un consenso, en los medios gubernamentales, de que ahí no se justificaban los criterios que se habían aplicado en otras partes.
El anuncio de Lula explicó también otras partes importantes de la política brasileña en la materia. El Estado debe ser fuerte, y la crisis actual muestra que si el Estado no regula y fiscaliza el mercado, éste puede desfondar al mundo en un abrir y cerrar de ojos. Recordó que Brasil no quiere ser un simple exportador de petróleo crudo. Además de ser autosuficiente, ese país quería exportar refinados como la gasolina y el diesel. También quería ser autosuficiente en petroquímicos y exportarlos. Esto ratifica lo que ya se está haciendo: hay cinco refinerías en construcción, y una de ellas es la fase inicial de un complejo petroquímico. Dos de las refinerías están destinadas sólo a la exportación de sus productos.
Lula habla de quienes cayeron en la tentación del dinero fácil y rápido. Exportaron todo el petróleo que podían, y fueron inundados por monedas extranjeras. Resultado: quebraron sus industrias y se desorganizaron sus economías.
Por supuesto que para seleccionar terrenos para cada una de las refinerías, actuaron y ya hay obras en marcha. No hicieron ninguna competencia de gobernadores, como no se ha hecho en ningún otro lugar del mundo salvo México. Las condiciones de contratación de empresas para apoyar a Petrobras en pre-sal son fijadas por el Estado y se suprimen ahí las concesiones.
Según el proyecto de ley, Petrobras será el operador único de todas las actividades de la zona pre-sal. Podrá contratar empresas pero en las condiciones mencionadas. Se administrará conforme a una planeación. Pero además habrá una empresa petrolera adicional, totalmente estatal, Petrosal. Esto tiene un antecedente en Noruega, en ese país se creó Petoro, empresa totalmente pública. Allá, la empresa petrolera pública tiene aproximadamente un tercio de sus acciones en manos privadas. Con Petoro, una buena parte de los productos en materia de petróleo y gas no se reparten con los accionistas sino que van totalmente al sector público y al gasto público.
Además de la nueva empresa totalmente pública, que se va a encargar del control y supervisión de la actividad petrolera, se crea un fondo social, que se enfoca a la reducción de la pobreza, a la educación, y al desarrollo de ciencia y tecnología. Éste será, por ley, un destino de los beneficios del nuevo petróleo de pre-sal. Los recursos del fondo social vienen de regalías, bonos y utilidades comerciales del petróleo y el gas.
El gobierno brasileño da una importancia a estos cambios tal que declaró el estado de urgencia constitucional. Esto implica que las cámaras tienen un plazo de 45 días para resolver. Se estima que sumando las diferentes modificaciones, el conjunto tendría un plazo de 90 días.
No me extraña que varios funcionarios aquí volteen a ver para otro lado y no quieran ver ni oír nada de lo mencionado. El contraste con el papelito que han estado jugando es verdaderamente notorio y hasta escandaloso.
Artículo escrito por Antonio Gershenson, publicado el 6 de septiembre de 2009 en La Jornada.
