"Que Piñera sepa que todo esto no le va a salir gratis"

Es la líder del “estudiantazo” que jaquea al gobierno chileno. Sus padres militaron con Allende y ella en el comunismo. Una cara bonita con gran futuro político.

Pedido. Camila Vallejo reclama educación pública y gratuita frente a la Universidad de Chile.
Camila Vallejo llegó como un soplo de aire fresco a la opaca política chilena. Con 23 años, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universidad de Chile (FECh) es la cara visible del “estudiantazo” que tiene contra las cuerdas al gobierno de Sebastián Piñera. Carismática e intransigente, Vallejo expone con igual solidez los argumentos de los estudiantes en una marcha ante miles de personas, en un despacho ante el ministro de Educación o en el talk show con más rating de la TV chilena.
Hija de ex militantes allendistas y referente de las Juventudes Comunistas, ya egresó de la carrera de Geografía y tiene su tesis en trámite. En Chile le auguran un futuro político prominente y su nombre hace furor en las redes sociales, donde despierta amores y odios. El gobierno tuvo que echar a una funcionaria que twitteó sobre Camila: “Se mata a la perra y se acaba la leva”. Un envenenado reconocimiento del protagonismo que ganó Vallejo y un recuerdo a la macabra frase que usó Pinochet contra Salvador Allende durante el golpe de 1973.
“Tenemos uno de los sistemas educativos más inequitativos y desiguales del mundo”, dijo Vallejo a PERFIL en su primera entrevista con un medio argentino.
—¿Cómo le explicarías a un estudiante argentino cómo es ir a la universidad en Chile?
—En Chile un estudiante que viene de una familia de escasos recursos no tiene ninguna oportunidad de ingresar a la educación superior si no es endeudándose. La diferencia entre los colegios privados y los municipales es abismal y recibimos críticas de la OCDE por falta de inversión en educación. Las instituciones privadas trabajan con fines de lucro y sin ninguna regulación del Estado.
—¿En qué situación están hoy las negociaciones con el gobierno?
—Hace algunos días logramos una gran convocatoria con una movilización de 150 mil personas sólo en la región metropolitana. En cuanto al conflicto político, los funcionarios del gobierno se mantienen hasta ahora en la misma posición y el jueves respondieron otra vez negativamente, luego de que se cumpliera el plazo del ultimátum que les entregamos. No están dispuestos a responder a las demandas de los estudiantes.
—¿Piñera no resuelve los reclamos por deficiencias de gestión o por una cuestión ideológica?
—No nos sorprende ni nos parece raro el desempeño del presidente en este conflicto, porque su problema es ideológico. Su proyecto político va en la línea de profundizar la privatización de la educación en Chile. No sólo defiende intereses políticos, sino también económicos. Piñera no gobierna para todo el país, sino para los empresarios.
—Si el problema es ideológico, ¿por qué también hubo “pingüinazo” contra Michelle Bachelet?
—Bachelet y los demás gobiernos de la Concertación nunca tuvieron el coraje para tomar las riendas y hacer modificaciones profundas al sistema educativo. No quisieron ni tuvieron la voluntad política. También es cierto que estuvieron amarrados por una Constitución que dejó Pinochet antes de que cayera su dictadura y que fue el anclaje del actual modelo. Pero la realidad es que la Concertación lo profundizó y hoy la derecha lo consolida.
—En medio del conflicto, Piñera dijo que “nada es gratis en la vida”. ¿Cómo lo tomaron?
—En ningún momento dijimos que queremos educación gratis en el sentido que lo planteó el presidente. Somos conscientes de que debemos retribuir con nuestro esfuerzo lo que el Estado nos da. Pero aquí se trata de recordar que en Chile el sueldo mínimo no alcanza ni para que una familia viva de manera digna, y mucho menos para pagar por una buena educación. El presidente fue capaz de decir que nada es gratis en la vida… Bueno, que Piñera sepa que todo esto tampoco le va a salir gratis a él.
—Cristina de Kirchner afirmó que la enorgullece ver que “los estudiantes chilenos reclaman educación como en la Argentina”. ¿Es así?
—Nosotros admiramos los sistemas de los países de Latinoamérica que han puesto énfasis en el desarrollo de la educación gratuita, de calidad y con acceso justo y para todos. Tomamos como referencia a países como la Argentina y compartimos la idea de que esas transformaciones también son necesarias en Chile. Aprovecho esta oportunidad para agradecer el apoyo que nos han manifestado nuestros hermanos, los estudiantes argentinos.

Por Facundo F. Barrio

Fuente.

Rescate, contrastes y devastación

Más de dos meses después del derrumbe en el yacimiento de San José, en el norte de Chile, dieron inicio las operaciones finales de salvamento de los 33 mineros que se encuentran a más de 600 metros de profundidad como consecuencia de ese siniestro. Es inevitable contrastar las maniobras mencionadas, en las que participan las autoridades chilenas y compañías mineras nacionales e internacionales, con la indolencia, rayana en lo criminal, que mostraron en su momento el gobierno y los empresarios mineros en México tras el accidente registrado en la mina Pasta de Conchos, de Coahuila. Cabe recordar que, en los días y meses posteriores al 19 de febrero de 2006, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, esclarecer los hechos y resolver las pésimas y peligrosas condiciones de trabajo de los mineros, el gobierno federal se dedicó a proteger y ocultar las responsabilidades de la parte patronal: Grupo Minero México y su propietario y presidente, Germán Larrea Mota-Velasco. Paralelamente, la presidencia foxista emprendió una campaña de hostilidad y persecución contra la dirigencia sindical que criticó las omisiones y negligencias de la compañía.

El gobierno chileno no podría ser calificado como hostil a los intereses de los empresarios –todo lo contrario– y las compañías mineras en Chile no son menos depredadoras que sus contrapartes en otros países, incluyendo México; sin embargo, la conducta de ambos sectores da cuenta de un mínimo sentido de responsabilidad y de respeto a la vida humana, elementos que, por desgracia, estuvieron ausentes en el episodio de hace cuatro años en nuestro país.

El comportamiento empresarial y gubernamental en Chile tiene aspectos positivos, pero exhibe también una indignante insensibilidad mostrada hacia la situación de los 300 sobrevivientes del accidente del pasado 6 de agosto, quienes se quedaron sin trabajo y hoy reclaman, sin la atención de los reflectores mediáticos, el pago de sus salarios atrasados. Por elementales razones de congruencia, la operación de salvamento de los 33 mineros atrapados debiera ser acompañada con las indemnizaciones correspondientes de todos los trabajadores afectados, dentro y fuera del socavón.

No obstante, resulta reprobable el afán de lucro político y económico con que el gobierno de Piñera y los medios de comunicación nacionales e internacionales han aprovechado el accidente en semanas recientes: mientras que el primero utiliza el rescate como escaparate político, los segundos se han encargado de convertir la difícil situación de los mineros atrapados en un circo mediático, cuya motivación última no es precisamente el bienestar de los trabajadores y sus familias, sino la generación de oportunidades de negocio y el incremento de audiencias. La conversión en reality show de una circunstancia trágica en la que han estado en peligro tres decenas de vidas humanas, así como la transformación del sufrimiento y el riesgo en un producto de entretenimiento y promoción de imagen política son, por donde se les vea, una inmoralidad.

Los accidentes como el ocurrido en San José son frecuentes y hasta abundantes en el mundo, y suelen terminar con pérdidas de vidas. La comunidad internacional debe emprender una revisión a fondo de las consecuencias nefastas y devastadoras de la minería en términos ambientales y sociales, y atender las condiciones de precariedad, inseguridad y explotación en que viven los mineros en casi todo el mundo. Hoy día, la extracción de minerales configura uno de los contrastes más perversos de la economía global, pues no sólo produce enormes márgenes de ganancia para los conglomerados trasnacionales que la practican, sino también vastas cuotas de sufrimiento humano y destrucción comunitaria y ecológica. Los ejemplos abundan: desde los episodios de mineros accidentados en México y Chile hasta los recolectores de diamantes en territorio africano, pasando por los estañeros de Bolivia, los legendarios extractores de carbón de la cuenca minera de Asturias y los trabajadores de los yacimientos en China, donde los derrumbes, las explosiones y las inundaciones en minas cobran vidas humanas con una frecuencia inaceptable, en accidentes que podrían evitarse si se exigiera a las corporaciones mineras mayores inversiones en seguridad.

En suma, los gobiernos del mundo debieran tomar el episodio comentado como ejemplo, y consagrarse a regular en forma rigurosa a las firmas que operan en ese sector económico, ciertamente indispensable, a efecto de reducir su peligrosidad y su escandalosa capacidad de destrucción humana, social y ambiental.

Artículo publicado el 2 de noviembre de 2010 en La Jornada.

Triunfo indígena

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 25 de septiembre (apro).- La empresa minera canadiense Linear Gold Corporation cedió a la presión de los indígenas que se oponían a la explotación de yacimientos de oro y plata y anunció el cierre de sus oficinas en el estado para el próximo 30 de septiembre.

Después de varias manifestaciones de protesta que derivaron en detenciones de algunos líderes indígenas, la empresa canadiense puso fin a cuatro años de operaciones.

En un oficio enviado al gobernador Juan Sabines Guerrero, la empresa Linear Gold México, S.A. de C.V., filial de la empresa canadiense, expuso que el "Proyecto Ixhuatán" que puso en marcha en 2005 para explorar oro y plata en la región norte del estado llegó a su fin, y anunció que el proyecto de inversión será "replanteado".

En la carta, fechada el 18 de septiembre pasado, la empresa explicó al gobernador que por "instrucciones superiores", a partir del 30 de este mes suspenderá todas sus operaciones y cerrará sus oficinas en Chiapas.

"Se analizarán los estudios geológicos realizados en este tiempo de exploración a la situación financiera mundial y el replanteamiento de inversión para el proyecto", argumentó.

Pero eso no es todo, la empresa minera expuso que su cierre también tuvo que ver con otros factores: "En una baja escala, en los últimos tiempos hemos enfrentado algunos problemas de apatía y peticiones fuera de contexto por parte de algunos ejidos, lo cual nos complicó el trabajo cotidiano de exploración."

En la carta firmada por Gerardo Cano Mendoza, gerente de relaciones comunitarias y de gobierno de la empresa para el Proyecto Ixhuatán, se advierte que si bien éste no es un cierre definitivo, se notificará a las autoridades correspondientes cuando se "esté en posibilidades de retomar nuevamente las actividades".

Junto con la empresa Blackfire Exploration Corporation, la Linear Gold Corp., tiene en su poder la mayoría de las concesiones otorgadas por el gobierno federal a las mineras extranjeras en el estado de Chiapas.

Uno de los principales opositores al proyecto ha sido la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), que en lo que va del 2009 aceleró su activismo para exigir que se retiren del estado.

"Otros mundos", es un organismo no gubernamental que ha estado encabezando esta protesta, en su portal electrónico tiene una serie de documentos que exhibe cómo estas empresas mineras contaminan los mantos freáticos en donde tiene presencia.

Isaín Mandujano, Proceso en línea.

¿Llegó la hora de poner fin a la globalización?

El actual desplome global, el pero desde la Gran Depresión de hace 70 años, vino a remachar el último clavo en el ataúd de la globalización. Ya asediada por unos hechos que mostraban el incremento de la pobreza y de la desigualdad cuando los países más pobres experimentaron poco o ningún crecimiento económico, la globalización se ha visto terminalmente desacreditada en los dos últimos años, cuando el proceso, anunciado a bombo y platillo, de la interdependencia financiera y comercial invirtió su marcha para convertirse en correa de transmisión, no de prosperidad, sino de crisis y colapso económicos.

Fin de una era

En sus respuestas a la actual crisis económica, los gobiernos hablan con la boca pequeña de coordinación global, pero impulsan programas separados de estímulo económico para revitalizar sus mercados nacionales. Al hacerlo, los gobiernos pospusieron el crecimiento orientado a la exportación, motor principal de tantas economías, aun rindiendo el tributo de rigor a la promoción de la liberalización comercial como medio de contrarrestar el desplome global concluyendo la Ronda Doha de negociaciones comerciales bajo los auspicios de la Organización Mundial de Comercio.

Se reconoce cada vez más que no hay posibilidad de regresar a un mundo centralmente dependiente del gasto ilimitado de los consumidores norteamericanos, puesto que éstos se hallan en la bancarrota y nadie se apresta a ocupar su lugar.

Además, ya sea mediante acuerdos internacionales o unilateralmente ejecutadas por gobiernos nacionales, es lo más seguro que se imponga un rimero de restricciones al capital financiero, la desembridad movilidad del cual ha sido el percutor de la presente crisis.

Sin embargo, el discurso intelectual todavía no ha mostrado demasiados signos de ruptura con la ortodoxia. El neoliberalismo, con su énfasis en el libre comercio, la primacía de la empresa privada y un papel minimalista del Estado, sigue siendo la lengua franca de los fabricantes de políticas.

Los críticos del fundamentalismo de mercado que pertenecen al establishment, incluidas luminarias como los Premios Nobel Joseph Stigitz y Paul Krugman, se han enmarañado en interminables debates sobre el grado de duración que deben tener los programas de estímulos y sobre si el Estado debería mantener su presencia intervencionista en la industria automotriz y en el sector financiero, o, si, una vez lograda la estabilización, debería devolver las compañías y los bancos al sector privado. Además, algunos, como el propio Stiglitz, siguen creyendo en lo que lo que ellos perciben como beneficios económicos de la globalización, a condición de mitigar sus costes sociales.

Pero las tendencias en curso están desbordando a toda velocidad tanto a los ideólogos de la globalización neoliberal como a muchos de sus críticos, y desarrollos impensables hace unos pocos años van cobrando vida. “La integración de la economía mundial se halla en práctico retroceso por doquiera”, escribe The Economist. Aunque la revista observa que las corporaciones empresariales siguen creyendo en la eficacia de las cadenas de oferta global, “como cualquier cadena, éstas son tan fuertes como su eslabón más débil. El momento peligroso llegará cuando las empresas decidan que este modo de organizar la producción ha llegado a su fin”.

La “desglobalización”, un término que The Economist me atribuye, es un desarrollo que la revista, el primer bastión mundial de la ideología del libre mercado, contempla como negativo. Sin embargo, yo creo que la desglobalización es una oportunidad. En efecto, mis colegas de Focus on the Global South y yo fuimos los primeros en proponer la desglobalización como un paradigma general para reemplazar a la globalización neoliberal. Y lo hicimos hace una década, cuando las tensiones, las presiones y las contradicciones que ésta ha traído consigo se hicieron dolorosamente evidentes.

Elaborado como una alternativa sobre todo para los países en desarrollo, el paradigma de la desglobalización no deja de ser pertinente para las economías capitalistas centrales.

Los 11 pilares de la alternativa

El paradigma de la desglobalización tiene 11 puntos clave:

1. La producción para el mercado interior tiene que volver a ser el centro de gravedad de la economía, antes que la producción para los mercados de exportación.

2. El principio de subsidiariedad debería respetarse como un tesoro en la vida económica promoviendo la producción de bienes a escala comunitaria y a escala nacional, si ello puede hacerse a coste razonable, a fin de preservar la comunidad.

3. La política comercial –es decir, cupos y aranceles— tiene que servir para proteger a la economía local de la destrucción inducida por mercancías subsidiadas por grandes las corporaciones con precios artificialmente bajos.

4. La política industrial –incluidos subsidios, aranceles y comercio— tendría que servir para revitalizar y robustecer al sector manufacturero.

5. Unas medidas, inveteradamente pospuestas, de redistribución equitativa del ingreso y de redistribución de la tierra (incluida una reforma del suelo urbano) podrían crear un mercado interno vigoroso que serviría de ancla de la economía y generaría los recursos financieros locales para la inversión.

6. Restar importancia al crecimiento, dar importancia a la mejora de la calidad de vida y maximizar la equidad reducirá el desequilibrio medioambiental.

7. Hay que propiciar el desarrollo y la difusión de tecnología que se compadezca bien con el medio ambiente, tanto en la agricultura como en la industria.

8. Las decisiones económicas estratégicas no pueden abandonarse ni al mercado ni a los tecnócratas. En cambio, hay que aumentar el radio de alcance de la toma democrática de decisiones en la vida económica, hasta que todas las cuestiones vitales (como qué industrias desarrollar o condenar, qué proporción del presupuesto público hay que dedicar a la agricultura, etc.) estén sujetas a la discusión y a la elección democráticas.

9. La sociedad civil tiene que controlar y supervisar constantemente al sector privado y al Estado, un proceso que debería institucionalizarse.

10. El complejo institucional de la propiedad debería transformarse en una “economía mixta” que incluyera cooperativas comunitarias, empresas privadas y empresas estatales y excluyera a las corporaciones transnacionales.

11. Las instituciones globales centralizadas, como el FMI y el Banco Mundial, deberían ser substituidas por instituciones regionales fundadas, no en el libre comercio y la libre movilidad de capitales, sino en principios de cooperación que, para usar las palabras de Hugo Chávez en su descripción de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), “transcienda la lógica del capitalismo”.

Del culto a la eficiencia a la economía eficaz

El propósito del paradigma de la desglobalización es superar la economía de la eficiencia estrecha, cuyo único criterio clave es la reducción del coste por unidad, por no hablar de la desestabilización social y ecológica que el proceso inducido por el respecto supersticioso de ese criterio trtae consigo. Es superar un sistema de cálculo económico que, por decirlo con palabras de John Maynard Keynes, “convierte todo el comportamiento vital … en una suerte de paradójica pesadilla de contables”. Una economía eficaz, en cambio, robustece la solidaridad social subordinando las operaciones del mercado a los valores de equidad, justicia y comunidad y ensanchando la esfera del proceso de toma democrática de decisiones. Para servirnos del lenguaje del gran pensador húngaro Karl Polanyi en su libro La gran transformación, la desglobalización monta tanto como “reincrustar” la economía en la sociedad, en vez de dejar a la sociedad abandonada al control de la economía.

El paradigma de la desglobalización sostiene también que un modelo extremistamente unidimensional, como el neoliberalismo o como el socialismo burocrático centralizado, es disfuncional y desestabilizador. En cambio, habría que esperar e incentivar la diversidad, como en la naturaleza. La teoría económica alternativa tiene principios compartidos, y esos principios han aparecido ya substancialmente en la lucha contra y en la reflexión crítica sobre el fracaso del capitalismo y del socialismo centralizados.

Sin embargo, la articulación concreta de esos principios –los más importantes de los cuales acaban de ser mencionados— dependerá de los valores, de los ritmos y de las elecciones estratégicas de cada sociedad.

El pedigrí de la desglobalización

Aunque pueda sonar radical, lo cierto es que la desglobalización no es ninguna novedad. Su pedigrí incluye los escritos del eminente economista británico Keynes, quien, en el momento culminante de la Gran Depresión, se avilantó a dejar esto dicho: “No deseamos… estar a merced de fuerzas mundiales que generan, o tratan de generar, algún equilibrio uniforme, de acuerdo con principios de capitalismo de laissez faire”. En efecto, proseguía, para “un abanico crecientemente extendido de productos industriales, y tal vez también agrícolas, se me ha hecho dudoso que el coste económico de la autosuficiencia sea lo bastante grande como para contrarrestar las otras ventajas dimanantes de reunir gradualmente al productor y al consumidor en el ámbito de la misma organización nacional, económica y financiera. Se acumula la experiencia probatoria de que el grueso de los procesos de la moderna producción en masa pueden ejecutarse en la mayoría de los países y en la mayoría de los climas con una eficiencia prácticamente idéntica”.

Y con palabras que suenan muy contemporáneas, concluía Keynes: “Yo simpatizo… más con quienes querrían minimizar que con quienes querrían maximizar la urdimbre de imbricación económica entre las naciones. Las ideas, el saber, el arte, la hospitalidad, los viajes; todas esas cosas deberían, por su propia naturaleza, ser internacionales. Pero dejemos que los bienes se hagan en casa cuando ello sea razonable y convenientemente posible; y sobre todo, dejemos que las finanzas sean prioritariamente nacionales.”

Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista sénior en Focus on the Global South.
Traducción de Ricardo Timón.
Tomado de sinpermiso.info

La cuestionada supremacía estadunidense en América Latina

Estados Unidos fue fundado como un imperio infante en las palabras de George Washington. La conquista del territorio nacional fue una gran aventura imperial. Desde los primeros días, el control del hemisferio fue una meta vital.

América Latina ha conservado su primacía en la planeación global de Estados Unidos. Si Estados Unidos no puede controlar a América Latina, no puede esperar lograr un orden exitoso en otros lugares del mundo, declaró el Consejo Nacional de Seguridad del presidente Richard M. Nixon en 1971, cuando Washington estaba considerando el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile.

Recientemente el problema del hemisferio se ha intensificado. América del Sur se ha movido hacia la integración, un prerrequisito para la independencia; ha ampliado sus vínculos internacionales y ha empezado a enfrentar sus desórdenes internos, entre los cuales destaca el tradicional dominio de la minoría europeizada pudiente sobre un océano de miseria y sufrimiento.

El problema se agudizó hace un año en Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, donde, en 2005, la mayoría indígena eligió a un presidente de sus propias filas, Evo Morales.

En agosto de 2008, después de la victoria de Morales en un referendo, la oposición integrada por elites respaldadas por Estados Unidos se tornó violenta, desembocando en la matanza de unos 30 partidarios del gobierno.

En respuesta, la recién formada Unión de Repúblicas Sudamericanas (Unasur) convocó a una reunión cimera. Los participantes –todos los países de América del Sur– declararon su pleno y firme apoyo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una gran mayoría.

Por primera vez en la historia de América del Sur, los países de nuestra región han decidido cómo resolver nuestros problemas, sin la presencia de Estados Unidos, observó Morales.

Otra manifestación: el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha prometido poner fin al uso por parte de Estados Unidos de la base militar de Manta, la última instalación de ese tipo de Estados Unidos en América del Sur.

En julio, Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo secreto para permitir a Estados Unidos la utilización de siete bases militares en Colombia.

El propósito oficial es contrarrestar el narcotráfico y el terrorismo, pero altos oficiales militares y funcionarios civiles de Colombia familiarizados con las negociaciones revelaron a la Associated Press que la idea es hacer de Colombia un centro para las operaciones del Pentágono.

El acuerdo proporciona a Colombia un acceso privilegiado a abastecimiento militar de Estados Unidos, según informes. Colombia ya es actualmente el mayor recipiente de ayuda militar estadunidense (aparte de Israel-Egipto, una categoría separada).

Colombia ha tenido de lejos el peor historial de derechos humanos en el hemisferio desde las guerras centroamericanas de los años 80. La correlación entre la ayuda de Estados Unidos y las violaciones a los derechos humanos ha sido notada desde hace tiempo por académicos.

La Ap citó también un documento de abril 2009 del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, en el que se propone que la base Palanquero en Colombia podría convertirse en locación de seguridad cooperativa.

Desde Palanquero, “casi la mitad del continente puede ser cubierta por un (trasporte aéreo) C-17 sin recargar combustible”, señala el documento. Esto podría formar parte de una estrategia global en ruta que ayude a lograr la estrategia y contribuya a encaminar la movilidad a África.

El 28 de agosto, la Unasur se reunió en Bariloche, Argentina, para analizar la cuestión de las bases militares en Colombia.

Después de un debate intenso, la declaración final subrayó que Sudamérica debe mantenerse como una tierra de paz y que fuerzas militares extranjeras no deben amenazar la soberanía e integridad de ninguna nación de la región. E instruyó al Consejo de Defensa Sudamericano que investigue el documento del Comando Aéreo de Movilidad.

El propósito oficial de las bases no escapó a las críticas. Morales dijo haber sido testigo que soldados de Estados Unidos que acompañan a tropas bolivianas dispararon contra miembros del sindicato de cultivadores de coca.

Así que ahora somos narcoterroristas, continuó. Cuando no pudieron seguir llamándonos comunistas, nos llamaron subversivos, y después traficantes, y terroristas desde los ataques del 11 de septiembre. Advirtió que la historia de América Latina se repite.

La responsabilidad final de la violencia en América Latina yace con los consumidores de drogas ilegales en Estados Unidos, dijo Evo Morales. Si la Unasur enviara tropas a Estados Unidos para controlar el consumo, ¿lo aceptarían? Imposible.

El hecho de que la justificación de Estados Unidos por sus programas antidrogas en el extranjero sea considerada siquiera digna de debate es una ilustración más de la profundidad de la mentalidad imperial.

El pasado febrero, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y democracia emitió su análisis sobre la guerra contra las drogas de Estados Unidos en las décadas pasadas.

La comisión, encabezada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia) llegó a la conclusión de que la guerra contra las drogas había sido un fracaso total y exhortó a un cambio radical de política, alejada de medidas de fuerza en lo interno y en el exterior, y hacia medidas mucho menos costosas y más eficaces de prevención y tratamiento.

El informe de la comisión, como estudios previos y los antecedentes históricos, careció de un impacto detectable. Esta falta de respuesta refuerza la conclusión natural de que la guerra contra las drogas, como la guerra contra la criminalidad y la guerra contra el terrorismo se libran por razones ajenas a las metas anunciadas, que son reveladas por las consecuencias.

Durante el decenio pasado, Estados Unidos ha incrementado la ayuda militar y el adiestramiento de oficiales latinoamericanos en tácticas de infantería ligera para combatir el populismo radical, un concepto que, en el contexto latinoamericano, envía escalofríos a la espalda.

El adiestramiento militar está siendo desplazado del Departamento de Estado al Pentágono, eliminando previsiones de derechos humanos y democracia antes bajo supervisión congresional, siempre débiles pero al menos un disuasivo para los peores abusos.

La Cuarta Flota de Estados Unidos, desbandada en 1950, fue reactivada en 2008, poco después de la invasión de Colombia a Ecuador, con responsabilidad para el Caribe, Centro y Sudamérica, y las aguas que la rodean.

Sus operaciones diversas incluyen el combate al tráfico ilícito, cooperación de seguridad en el teatro, interacción de militares a militares y adiestramiento bilateral y multinacional, detalla el anuncio oficial.

La militarización de América del Sur se alinea con designios mucho más amplios. En Irak, la información es virtualmente nula acerca de las bases militares de Estados Unidos allí, así que debe suponerse que permanecen para proyección de fuerza. El costo de la inmensa ciudad-en-una-ciudad que es la embajada en Bagdad se elevará a mil 800 millones de dólares al año, de mil 500 millones que se habían estimado.

El gobierno de Obama también está construyendo megaembajadas en Pakistán y Afganistán.

Estados Unidos y el Reino Unido están exigiendo que la base militar de Diego García sea exenta de de la zona libre de armas nucleares de Africa, como lo están las bases de Estados Unidos en zonas similares en el Pacífico.

En pocas palabras, las acciones de un mundo de paz no caen en el cambio en el que puedes creer, para pedir prestado el eslogan de campaña de Obama.

Noam Chomsky. Publicado el 6 de septiembre de 2009 en La Jornada.