19 de julio de 2010

Economía caseta de cobro

John Saxe-Fernández. La Jornada, Jueves 3 de Junio de 2010.

Cuando J. Stiglitz ratificó a La Jornada (29/5/10, p. 29) su crítica a la política de austeridad de Calderón ante la crisis financiera internacional, porque debilitaría la economía, lo relevante es que fue hecha por un ex economista-jefe del Banco Mundial (BM), empapado de las secuelas del recetario del BM-FMI y BID. Contra viento y marea, presidentes y hacendistas, es decir, los country managers de esas instituciones, (Salinas, Calderón, Carstens, etcétera) impulsaron el neoliberalismo con sus privatizaciones, extranjerizaciones, recortes al gasto social y los subsidios al campo, aumentos al IVA, a otros impuestos (menos a la cúpula empresarial exenta de esos cargos), a la gasolina y el diesel, con gran impacto en la población.
Lo más notable ha sido la “continuidad” PRI-PAN del modelo implantado hace 28 años. Quien revise el plan “México 2030 Proyecto de gran Visión”, pieza central del diseño sexenal de Calderón, cuyos documentos y análisis nos ofrece Nancy Flores, pronto descubre que es parte y parcela del blueprint vigente desde 1982, cuando se instaló el régimen fundado en la condicionalidad macroeconómica y por rama, atada a todas las líneas de crédito del FMI, BM y BID. El recetario oligárquico/imperial que esas instituciones, bajo la égida de la Casa Blanca, nos dosifican de aquí al 2030 por medio del PRI-AN, es una suerte de “economía caseta de cobro” (ECC), donde empresas extranjeras y nacionales estarían al mando y cobrarían por todo: desde el movimiento de las personas y mercancías, la investigación y desarrollo, el acceso a la información, la salud, educación, telecomunicaciones, carreteras, el servicio de agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural, etcétera.
No es asunto para el diván sicoanalítico sino para que una Corte Penal Internacional y un Congreso se pronuncien sobre crímenes de lesa humanidad y de lesa patria: en estos tres años de gobierno no sólo se desató una “guerra” al crimen organizado con una hipertrofia militar inadmisible en este tipo de campañas, que ensangrienta la nación con cerca de 25 mil bajas y masivas violaciones a los derechos humanos, desgasta las fuerzas armadas en funciones que no le corresponden y deja a la nación desarticulada, prácticamente sin “defensa nacional”, sino que, como apunta Flores, consolida a “…los monopolios privados, destruye las paraestatales y los servicios públicos, garantiza multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado y robustece el aparato punitivo contra la protesta social” (Contralínea,7-III-10 p.23).
La ECC se articula por medio de asociaciones público-privadas, proyectos de prestación de servicios y obras públicas financiadas cubriendo áreas vitales: energía, hidrocarburos, transporte, telecomunicaciones, servicios urbanos, infraestructura ambiental, hidráulica, educación, salud, seguridad pública, campo, vivienda y desarrollo urbano. En cada rubro las secuelas del outsourcing son ruinosas. En educación superior la investigación la realizaría el sector privado y no universidades públicas como la UNAM, mientras en infraestructura y servicios se afectan funciones esenciales. Antonio Aguirre Rojas es puntual al respecto: “quien controla el agua, controla la vida y la reproducción de la gente; quien controla las carreteras, controla las posibilidades de movimiento; quien controla las telecomunicaciones, controla el mundo de las ideas y las posibilidades del acceso a la información. Todas son áreas estratégicas y, sin embargo, están siendo privatizadas” (p. 25).
Detrás del blueprint en EU y México, están bancos y corredurías: según la American Society of Civil Engineers, en EU es un “mercado multibillonario” de 1.1 billón (trillion) de dólares.
A la ECC la impulsan el BM-BID; el Grupo Carlyle (Luis Téllez); Citigroup (Banamex); Blackstone Group, Deutsche Bank; Goldman Sachs; etcétera. En tiempo de crisis hay delirio con el flujo de caja asegurado por la Economía Caseta de Cobro.
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Ocupación y guerra interna

John Saxe-Fernandez, La Jornada, Jueves 20 de Noviembre de 2009.

Es aleccionador revisar los documentos y los sucesos recientes que muestran que el Plan Colombia (PC) y su par, la Iniciativa Mérida (IM), forman parte de un diseño mayor de invasión y ocupación imperial en América Latina. Máxime si la indagación se realiza desde el vórtice histórico-geográfico del despojo territorial formalizado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) y de la actual colindancia de México con EU, donde ahora, alrededor de la IM, se despliegan operaciones de espectro completo, es decir maniobras simultáneas aéreas, navales, y terrestres de EU, que dañan la soberanía nacional y conllevan una grave degradación de la función de defensa nacional.

En el PC y la IM el narcotráfico es la pantalla para el intervencionismo y la apropiación territorial, por medio de la fuerza policial-militar, para-militar, mercenaria y de inteligencia, sobre naciones donde se localizan recursos naturales estratégicos. Son plazas que EU utiliza para intervenir y agredir a toda la región. En un trabajo del Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de EU (2009) se plantea que por su énfasis en el lado de la oferta del mercado de los narcóticos, tanto el PC como la IM desatienden nada menos que las raíces socioeconómicas –el caldo de cultivo– y la estructura financiera del fenómeno; la corrupción oficial; el consumo en gran escala en EU y el inusitado suministro de armas de alto poder desde allá hacia México: "ponen poca atención a los problemas estructurales más profundos que alimentan el tráfico de drogas y la violencia que conlleva".

Una apreciación avalada por expertos nacionales y extranjeros que, entre otros puntos, indican que como no se ataca “…la estructura financiera de los cárteles, es predecible que aumente el número de víctimas y los casos de corrupción”. Sobre eso Jorge A. Medellín informa que según un alto oficial militar las dos preocupaciones cardinales del Ejército mexicano son "la guerrilla y el narcotráfico, en ese orden", cuando se esperaba que el narcotráfico fuera mencionado como la principal amenaza a la paz y la estabilidad. (Msemanal 16-11-09). Sin duda ese también es el orden de prioridades de los más de mil 400 agentes de EU –unos 700 son mexicanos-, que ya operan en territorio nacional, muchos mercenarios y ex integrantes de cuerpos de inteligencia de EU según informó La Jornada (8-11-09).

Estas no son contradicciones casuales, como lo ilustran documentos del Programa de Construcción de la Fuerza Aérea de EU para el año fiscal 2010 entregados al Congreso en mayo 2009 y recabados por Eva Golinger (axisoflogic.com) que muestran la intención de EU de utilizar las bases en Colombia –Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apiay, Cartagena y Málaga–, contra los países vecinos. Sobre Palanquero se estipula que “…garantiza la oportunidad de conducir operaciones del espectro completo por toda América del Sur”…"una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante por las insurgencias terroristas financiadas con el narcotráfico, los gobiernos anti-estadunidenses, la pobreza endémica y los desastres naturales", evidenciándose que la "cruzada anti-narco" , además de algo secundario, es "cubierta" para las operaciones de espectro completo que, con las tres armas, incluyen apoyos a las capacidades para, el espionaje, la vigilancia, la agresión bélica y los operativos satelitales y encubiertos en tiempo real que incluyen tecnología aérea similar a la usada en Afganistán. La prensa mexicana informó que ya la Fuerza Aérea de EU, bajo la IM, "vigilará la frontera" con México aplicando "una estrategia como la usada en Afganistán".

Es en este contexto en que los intereses oligárquico-imperiales lanzan el escenario electoral 2010-2012: asaltando al sindicalismo independiente y propiciando, por medio de una política económica pro-cíclica, anti-popular y anti-nacional, los precipitantes de guerra interna.

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La excusa del narcotráfico

“La campaña antinarco en México, Colombia, Centroamérica y el Caribe, no ataca las raíces ni los pilares de la criminalidad y del tráfico de drogas: o los deja intactos o los acicatea. Eso sí, los utiliza como excusa para intervenir en tierra, aire y mar, junto al despliegue de bases, esquemas portuarios y empresariales de dominio económico-territorial sobre recursos humanos y materiales”.
Esta es la contundente opinión del especialista en estudios latinoamericanos John Saxe-Fernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al analizar el contexto internacional en que se da la participación de Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico más allá de sus fronteras oficiales.
Al ser consultado por este Semanario, Saxe-Fernández criticó desde Ciudad México las políticas económicas de Estados Unidos que, mientras profundizan la pobreza en América Latina, “auspicia a los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo”, el cual promueve la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico.
Frente a esta coyuntura internacional, el experto sostiene que “Washington y su Pentágono saben que el estallido social está en curso y es de largo alcance y que muchos de nuestros pueblos están reaccionando a la crónica embestida de clase, de corte oligárquico-imperial y antinacional, tomando el mando de su destino, de su economía, de sus recursos, comercio y moneda, en mano propia. De ahí la reactivación de la Cuarta Flota (que incluye a la Marina de Guerra y a los Guardacostas de EE.UU.), el despliegue de bases en Colombia, y a un año del golpe en Honduras, la militarización de
Costa Rica”.
Según Saxe-Fernández, “el manejo que hace Washington de la dinámica entre armas,
negocios (bancos, empresas de inversión, petroleras, mineras, etc) y drogas, es central en la promoción del caos y la inestabilidad. Es la base y excusa para la intervención y ocupación militar, en curso en México y -por lo que veo- también en Costa Rica. Todo el mundo sabe que el instrumento militar no es central en cualquier diseño antinarco, que la información, la investigación policial, el control del sistema financiero y del flujo de armamento, sí son los rubros esenciales”.