Siguiendo la pista del dinero

Para muchos analistas, lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 sirvió para reactivar la industria armamentista y la economía norteamericanas. Basta revisar los jugosos contratos que un selecto grupo de contratistas firmaron para la "reconstrucción" de Irak para entender que se trata de algo más que una teoría de la conspiración. A continuación, únanse los puntos.


De manera abierta o subrepticia, empresas españolas de los sectores bancario, energético y de comunicación -varias de ellas establecidas en México- otorgan millonarios créditos para producir armas o, de plano, compran acciones de compañías dedicadas a la industria militar. El vertiginoso crecimiento de estas firmas contradice el discurso en favor de la paz y la cooperación que ensalza el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

MADRID.- Instituciones bancarias y empresas trasnacionales de España -cuya publicidad afirma que trabajan por el bien de la sociedad- financian la producción de armas o tienen acciones en compañías dedicadas a la industria militar.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Banco Santander, las poderosas empresas energéticas Unión Fenosa (recién adquirida por Gas Natural) e Iberdrola, así como Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y Telefónica son algunas de las que, de manera abierta o subrepticia, participan en la producción y exportación de armas y equipo militar.

De ello dan cuenta varios informes realizados por el Centro Delás de Estudios sobre Justicia y Paz, con sede en Barcelona, por el Observatorio de la Deuda en la Globalización y por SETEM, una confederación de 10 organizaciones civiles que lucha contra desigualdades entre los países desarrollados y los pobres.

Tales informes corresponden a la campaña denominada BBVA sin armas, cuyo objetivo es denunciar a las entidades financieras españolas que participan en la industria militar de este país.

Incluso, miembros del Centro Delás participaron en juntas de accionistas de BBVA y de Santander. En ellas denunciaron que muchos de los beneficios económicos que estas empresas obtienen son resultado del financiamiento que brindan a las empresas que fabrican municiones, armas, aviones militares y bombas, entre ellas las "de racimo".

El 14 de marzo pasado, Jordi Calvo, investigador del Centro Delás, participó en la junta del BBVA. El 21 de junio pasado, Tica Font, vicepresidenta de esta organización civil, participó en la del Banco Santander, donde demandó que éste "evite el enriquecimiento proveniente de negocios que promueven la violencia, la guerra y la pobreza extrema, y cancele el financiamiento a las empresas de armamento".

En México, BBVA es la primera entidad bancaria y el Banco Santander ocupa la tercera posición, según el informe sobre el primer semestre de 2008 que el 2 de septiembre emitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Según ese informe, BBVA-Bancomer reportó activos por 747 mil 917 millones de pesos (23.10% de los 42 bancos con operaciones en México), con una cartera de 487 mil 7 millones de pesos (27.08% de los clientes) y una utilidad neta a junio de 11 mil 507 millones de pesos (38.15%). Santander, por su parte, reportó activos por 440 mil 972 millones de pesos (13.62% de los 42 bancos), una cartera de 244 mil 579 millones de pesos (13.60% de los clientes) y utilidades netas por 3 mil 398 millones de pesos (11.27%).

Acciones trianguladas

BBVA posee acciones -de manera directa o a través de terceras compañías- en las empresas armamentistas Indra, Inmize, Ibérica del Espacio, Hisdesat, Rymsa y Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), según uno de los informes de la campaña BBVA sin armas.

Indra es una de las principales empresas de este sector. Fabrica misiles, simuladores para aviones de guerra y sistemas de tiro. Desarrolla también tecnología de la información para aplicaciones bélicas. Según informes de la campaña BBVA sin armas, construye el avión de combate Eurofighter, el vehículo Leopard, la fragata F-100 y el helicóptero Tigre, destinados a los programas militares de la Unión Europea (UE) y de la OTAN. También participa en el equipamiento del misil estadunidense Sparrow y está asociada con la empresa francesa Thales en el desarrollo del simulador de vuelo para el avión de transporte militar A400M, cuya construcción involucró a siete naciones europeas.

Indra asegura en su sitio en internet que 30% de sus servicios tienen relación con el "sector Defensa", pero el Centro Delás asegura que esa proporción es de entre 40% y 60%.

Su tecnología de la información es aplicada en los metros de Madrid, Atenas, Shanghai y París; 14 países realizan elecciones con sistemas de cómputo desarrollados por este consorcio, y un tercio del tráfico aéreo mundial es administrado con base en sus sistemas electrónicos.

El informe 2007 sobre Gobierno Corporativo de Indra, consultado en su portal, dice que el "pastel" de propietarios del consorcio es encabezado por la multinacional energética Unión Fenosa (15% de acciones) e instituciones financieras como Caja Madrid (14.83%), Casa Grande de Cartagena (5.68%) y Cajastur (5%). Un informe del Centro Delás añade a BBVA (1.56%), Banco Santander Central Hispánico (0.92%), AXA (1.27%), Caja Cantabria (1.20%), así como a Barclays Bank Plc y Chase Nominees Ltd.

En México, Unión Fenosa es la segunda generadora privada de electricidad, cuya producción vende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Indra, por su parte, considera a México como "el mercado más grande de la región", en el que durante 2006 facturó mil 880 millones de euros en servicios de tecnología de la información que ofrece tanto al sector público como a empresas privadas, entre éstas los cuatro principales bancos asentados en el país.

La filial de esa empresa en México, Indra Sistemas, obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores un contrato para producir los nuevos pasaportes mexicanos con mecanismos de seguridad: 12 millones entre 2007 y 2011, según publicó el periódico Reforma el 9 y el 10 octubre de 2007.

Indra trató de obtener contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular para proveer el nuevo sistema de radares militares que demanda la dependencia, pero sus intentos fueron infructuosos, al menos hasta octubre del año pasado, informó a Proceso una fuente militar mexicana.

En diciembre de 2004, las españolas Indra y Tecnocon obtuvieron el contrato de la Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., perteneciente al grupo español OHL, para proveer el sistema de gestión de tráfico y sistema de peaje en el llamado Sistema Carretero del Oriente del Estado de México, según un comunicado de Indra.

Jordi Calvo, investigador del Centro Delás, expone en entrevista con Proceso un ejemplo sobre la forma en que BBVA participa de manera indirecta en la producción de armamento: el banco posee acciones de Indra, la cual a su vez participa con 40% de las acciones en la compañía Inmize Sistemas S. L., el más importante fabricante europeo de misiles guiados y de defensa aérea. El primer contrato de Inmize fue para desarrollar el misil aire-aire Meteor, utilizado por los aviones de guerra EF2000, Rafale y Gripen.

Bajo este mismo esquema de "triangulación", BBVA, a través de Indra, posee 7% de acciones de Hisdesat, la cual ofrece servicios satelitales de comunicación para uso militar; y a través de la empresa de energía Iberdrola tuvo hasta febrero de 2007 acciones en Ibérica del Espacio, empresa aeronáutica que diseña tecnología de uso militar.

Iberdrola es la primera empresa privada generadora de electricidad en México. Estableció en La Ventosa, Oaxaca, campos para producir energía eólica. También obtuvo la licitación para aumentar el potencial de la central nuclear de Laguna Verde, en Veracruz.

Así mismo, 65% de las acciones de Radiación y Microondas, S.A. (Rymsa) están en manos de la Corporación IBV, grupo industrial cuyas acciones comparten por partes iguales BBVA e Iberdrola. Rymsa opera antenas de comunicación avanzada y antenas para estaciones espaciales. Sus principales clientes son el Ministerio de Defensa español y la poderosa firma Lockheed Martin, la principal proveedora de productos militares para el Pentágono, expone uno de los informes de la campaña BBVA sin Armas.

Además, señala el mismo informe, en enero de 2007 Corporación IBV compró 5.26% de las acciones del consorcio Amper, empresa especializada en electrónica militar. Sin embargo, sólo un mes después anunció la venta de ese paquete accionario.

Albert Caramés, especialista en temas de defensa militar de la Escuela de Cultura de Paz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, advierte en su ensayo Accionariado del sector defensa en España (marzo 2006), que en 2004 Tecnocon participaba con 12.2% de las acciones de Amper y la trasnacional Telefónica lo hacía con 6.1%. Tecnocon gestiona, junto con Indra, las carreteras mexiquenses, según un comunicado de esta última empresa.

Caramés advierte que entre, 2004 y 2006, Telefónica también participaba en la empresa operadora de satélites Hispasat con 13.2% de acciones.

Bombas de racimo

BBVA posee acciones de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), entidad que "es más que probable que aún mantenga un papel clave en el aseguramiento del sector de armamentos", dice Calvo.

En esta compañía de servicios y seguros que financia la exportación de armas, BBVA mantiene 14.3% de las acciones, el Banco Santander Central Hispánico 13.95% y Banesto 6.40%, entre otros. El gobierno español poseía alrededor de 50% de acciones, explica Caramés en su citado ensayo.

Un informe del Centro Delás dice que el Banco Santander, por su parte, posee 0.92% de acciones de Indra, 13.95% de CESCE y 50% de Vista Capital, la cual a su vez posee 23% del Grupo Maxam Corp., holding que agrupa a seis empresas del sector defensa, entre ellas Explosivos Alaveses (Expal), cuya producción total de explosivos es comprada por las fuerzas armadas de España.

El pasado 22 de mayo, Greenpeace-España realizó una manifestación de protesta en las instalaciones de Expal, en Madrid, para denunciar que esta empresa fabrica bombas de racimo. Varios miembros de la organización desplegaron sobre la fachada de la empresa una enorme manta con el letrero: "Expal fabrica bombas de racimo que mutilan". Otros activistas esparcieron prótesis de piernas y brazos en el vestíbulo del edificio y regaron "cuerpos" de cartón que simulaban personas mutiladas.

Mabel González Bustelo, responsable de la campaña de desarme de Greenpeace, dice a este semanario que esta empresa fabrica la bomba BME330, capaz de diseminar entre 180 y 512 submuniciones en un área reducida. Comenta que muchas de éstas no explotan, pero se convierten en potenciales minas que después ponen en riesgo la vida de civiles.

Otra empresa con arraigo en México y que en España es identificada como parte del entramado militar, es CAF. Esta compañía participó en varios proyectos para renovar vagones del metro del Distrito Federal y de Monterrey. Actualmente es una de las empresas responsables del proyecto del tren suburbano Cuautitlán-Buenavista, que Felipe Calderón inauguró el pasado 7 de mayo en presencia del presidente de CAF, José María Baztarrica Garito, según un comunicado de Los Pinos.

En España, CAF moderniza carros de combate. Sus accionistas más importantes son instituciones financieras como Bestiner (9.96%), Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK, con 10.80%) y BNP Parribas (47%), entre otras.

Las instituciones bancarias no necesitan ser accionistas de empresas fabricantes de equipo militar para financiarlas, lo pueden hacer directamente.

Tica Font, vicepresidenta del Centro Delás, dijo el pasado 21 de julio, durante su participación en la junta de accionistas del Banco Santander, que en abril de 2008 la Guía de Comercio del gobierno español informó que un grupo de bancos, entre ellos Santander, suscribió dos acuerdos con la empresa EADS-CASA, fabricantes de aeronaves militares, y la fuerza aérea brasileña para financiar la venta de 12 aviones de guerra C-295 y modernizar ocho aviones P-3. El monto del crédito fue de 554 millones de euros.

Uno de los informes documenta además que, en 2005 y 2007, BBVA financió a empresas fabricantes de bombas de racimo, entre ellas la estadunidense Raytheon, la francesa Thales y EADS-CASA.

En septiembre de 2007, los bancos Santander y Banesto -este último propiedad de Patricia Botín, hija del accionista mayoritario de Santander- y Caixa Cataluña, que encabeza Narcís Serra, ministro de Defensa del primer gobierno de Felipe González, otorgaron un crédito de 300 millones de euros a la empresa Explosivos Alaveses (Expal).

En 2005, 31 bancos -entre ellos BBVA- otorgaron un crédito de mil 500 millones de dólares a la empresa francesa Thales para producir, a través de la firma TDA, misiles y municiones de racimo. TDA aceptó ante el Banco Central de Noruega que fabricó la bomba PR Cargo, que contiene 16 submuniciones, así como el cohete FZ101, de 70 mm, utilizado por el helicóptero Tigre, dice Calvo en entrevista.

Y señala que, en marzo de 2005, BBVA también participó con 25 millones de dólares en un grupo de 28 entidades bancarias que otorgaron un crédito global de mil 700 millones de euros a la firma estadunidense Raytheon, la cual fabrica el misil de crucero Tomahawk y la bomba de racimo Joint Standoff Weapon, que en su versión estándar contiene 145 submuniciones.

En julio de 2005, BBVA participó en la promoción de un frente de 36 bancos que proporcionó un crédito de 3 mil millones de euros a EADS-CASA.

Ante las denuncias de las organizaciones que encabezan la campaña BBVA sin armas, este banco envió algunas cartas en las que dijo desconocer que EADS, Thales, Raytheon o Maxam Corp., fabrican ese tipo de armas.

También, en medio de la campaña de desarme La banca bajo la lupa, BBVA argumentó que "ha definido una política detallada y restrictiva en materia de financiamiento a industrias y proyectos polémicos, especialmente de armamento, acorde con las recomendaciones de las Naciones Unidas y la Unión Europea y aprobados por la Comisión de Auditoría y por todos los órganos de gobierno pertinentes", según la respuesta que ofreció al periódico digital Canal Solidario, en su edición del 16 de junio de 2007.

Artículo escrito por Alejandro Gutiérrez y publicado el 28 de septiembre en Proceso.